Deberán destinar entre 5 y 30 por ciento de su cartera, dependiendo de la especialidad. La medida implica unos 7000 millones de pesos que el sector volcará el mercado antes del 31 de marzo. Se creará también un comité que supervisará al sector.
Por Cristian Carrillo
Las compañías de seguros deberán destinar una parte de su cartera actual de inversiones al sector productivo y para infraestructura, según informó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en el Museo del Bicentenario (ver aparte). La medida implica unos 7000 millones de pesos que el sector deberá volcar el mercado antes del 31 de marzo próximo. “Esto significa una vuelta de página en el destino de los fondos de las aseguradoras, que hoy cuentan con un capital que asciende a 64.000 millones de pesos”, detalló la mandataria. “Todos los ramos deberán acreditar un 5 por ciento de su cartera en los estados contables al 31 de marzo”, según el documento de Economía con el plan al que accedió este diario. También se creará un comité que supervisará al sector.
Este cambio regulatorio forma parte del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012/2020 coordinado por la Superintendencia de Seguros junto con agentes del sector. “El objetivo es canalizar el ahorro popular e institucional hacia un financiamiento productivo que garantice el círculo virtuoso de crédito, inversión, crecimiento, empleo y nuevas inversiones”, señaló el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La obligatoriedad de invertir al largo plazo es resultado de la inclusión del inciso k al punto 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. “Aviso que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, pero la k sirvió para modificaciones en el destino de los ingentes recursos de las aseguradoras, para que pasen de inversiones cortas al largo plazo”, aseguró Cristina.
El inciso añadido hace referencia a las inversiones en títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, cheques de pago diferido avalados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La modificación establece que las aseguradoras deberán redireccionar un porcentaje de sus inversiones a instrumentos que financien proyectos productivos y de infraestructura de mediano a largo plazo, que en la actualidad representan sólo un 0,16 por ciento de su cartera. Los porcentajes se establecieron según las particularidades de cada ramo. Para Accidentes de Riesgos del Trabajo (ART), al tener necesidad de mayor liquidez, el porcentaje mínimo será de 5 por ciento del total de las inversiones, con un máximo de hasta el 20; para el ramo vida y retiro, con menores necesidades de liquidez, el piso será del 12 y el máximo del 30 por ciento; finalmente, para seguros generales y reaseguradoras piso y techo para inversiones productivas y de infraestructura serán del 10 y del 20, respectivamente.
Según detalló Lorenzino, “todos los ramos deberán acreditar un 5 por ciento en los estados contables al 31 de marzo próximo, cumplimentando el resto, según corresponda al 31 de junio”. A fin de verificar que el destino sea el estipulado por la nueva normativa, se crea en el ámbito del Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, con participación de la Superintendencia de Seguros, un Comité de Elegibilidad que garantice una asignación apropiada de la inversión para el desarrollo productivo.
Durante la presentación realizada en Casa de Gobierno, Lorenzino destacó que esta modificación implica “la profundización de una política de estado destinada a que el ahorro del conjunto de los argentinos no sea volcado a la especulación financiera, sino a la economía real, única fuente de crecimiento sustentable y genuino”. “El nuevo inciso k garantizará que el aporte al financiamiento de la economía real de los fondos de inversión de la industria del seguro pase de los 88 millones actuales a más de 7 mil millones en junio de 2013”, agregó el funcionario. La medida se combina con la regulación de las inversiones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses y la exigencia del Banco Central para que los bancos presten a la inversión un mínimo equivalente al 5 por ciento de sus depósitos privados (ver aparte).
