El país del Fondo y a la derecha

La Argentina demuestra que hay vida después del default y sin el salvavidas de plomo del FMI.

El juicio oral por sobornos del gobierno de Fernando de la Rúa a cuatro senadores justicialistas y uno radical para aprobar la ley de flexibilización laboral que fue sancionada la noche del 26 de abril de 2000 en la Cámara Alta, puso una vez de manifiesto la matriz corrupta que imperó durante la década menemista y que no fue modificada por la Alianza. Pero también es una postal del país postrado ante las recetas recesivas del FMI que exigía una legislación antiobrera. 

Las declaraciones del ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, que retiró 5 millones de pesos dólares de la SIDE y los entregó para el reparto en la casa de un legislador justicialista, escandalizan a la sociedad argentina pese a que los hechos ocurrieron 12 años atrás. 

Pero los ruidos del episodio esconden la naturaleza perversa de una norma antiobrera y la omnipresencia del Fondo Monetario Internacional en todos los niveles de la vida nacional. Con la Argentina puesta de rodillas por el peso de la deuda externa, el FMI determinaba la vida cotidiana de los argentinos y –obviamente– desregulaba las relaciones laborales en favor de las empresas. 

Es un escándalo que la sociedad conozca por un valijero arrepentido que un puñado de legisladores acepten votar una norma a cambio de dinero provisto por el Estado Nacional, pero no es menos desdoroso que diputados y senadores surgidos de fuerza populares hayan aceptado convalidar mansamente –y sin recibir un solo peso– una norma que apuntaba esencialmente a bajar los costos laborales mediante la precarización del empleo y la inestabilidad de los asalariados. 

La "ley Banelco" no sólo es un escándalo por el hecho de que el dinero haya logrado modificar el criterio para sancionar una ley, sino que el contenido de la norma sancionaba la muerte de los convenios colectivos de trabajo mediante la "ultractividad", un mecanismo que establecía que un convenio seguía vigente si no era renovado. La norma enterraba así el principio constitucional de la ley más benigna para el trabajador. 

"Fue la frutilla en el postre de la precarización laboral establecida en los ’90", suele decir el diputado moyanista del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, cuando recuerda aquel texto. 

La norma que fue el punto culminante del avance de los poderosos sobre los derechos de los trabajadores extendía hasta un año el período de prueba, con la cual las empresas podían convertir a sus trabajadores en muñecos descartables sin costo alguno. Recalde solía decir por entonces que "si un gerente de personal necesitara un año para evaluar el desempeño de un cadete, al que hay que echar es al gerente de personal y no al cadete". 

Hasta la sanción de la ley Banelco, los argentinos sabían que era habitual que funcionarios corruptos percibieran una coima para facilitar algún negocio con el Estado, pero nunca se había ventilado groseramente que el criterio de una ley fuera lisa y llanamente un "negocio" para algunos legisladores, sin importar siquiera su contenido. Ya se había sancionado la privatización del gas con intrusos en el recinto de la Cámara Baja –los famosos diputruchos– y hasta se denunció que la privatización de YPF demandó aceitar la voluntad de algunos diputados. Pero ahora es el "valijero" arrepentido el que cuenta detalladamente cómo fue el recorrido de un dinero que alteró hasta el mandato de las urnas. Ya no era el caso de que una obra pública necesaria se concretara con evidencias de sobreprecios. Con coimas, se podía sancionar ahora una ley que declarara al sueco como idioma nacional. La lógica ya no era la discusión política o ideológica en la cual podía entreverarse la coima, sino "el negocio" político 

Es obvio entonces que, pese al acostumbramiento, la sociedad vuelva a escandalizarse por estos días. Pero sería una pena que se pierda la oportunidad de advertir además que muchos legisladores votaron sin coima alguna una ley que precarizaba los contratos de empleo, por exigencia de un organismo internacional que regía los destinos de la Nación de manera obscena. "Si no aprobamos esto, el FMI suspende su ayuda y sobrevendrá el caos", repetían por aquellos años hasta ex revolucionarios imbuidos del espíritu cagón de la época. Pero el caos sobrevino en 2001, precisamente por la aplicación de las recetas suicidas proporcionadas por el FMI. Y desde entonces, la Argentina demuestra que –con un liderazgo político lejano a aquellas políticas– hay vida después del default y sin el salvavidas de plomo del FMI. Desde la asunción de Néstor Kirchner, el país cumplió puntualmente sus pagos con el organismo internacional, con lo cual evitó inicialmente renegociar acuerdos siempre perjudiciales para el país endeudado. 

Las primeras revelaciones de Pontaquarto apuraron en 2004 la derogación de la escandalosa ley Banelco, en el marco del cambio de época propiciado por el kirchnerismo. Por entonces, el presidente Néstor Kirchner advertía a los banqueros que "los muertos no pagan sus deudas" y acusaba al FMI de propiciar políticas que "perjudican el crecimiento" y generaban "dolor e injusticia". En 2005, el santacruceño anunció que cancelaría las obligaciones con el Fondo del mismo modo que lo hacía Brasil. Algunos críticos reiteraron entonces su repudio a la deuda externa y otros advirtieron que los casi 10 mil millones que se pagarían al FMI podrían destinarse a proyectos de inversión. Pero es fácil advertir que, desde entonces, la Argentina se sacó de encima la presencia ominosa del FMI sobre cada decisión oficial. El eje de la discusión de las normas que se sancionaron a lo largo de los seis años posteriores al desendeudamiento, ya no fue atender o no atender lo que sostiene el Fondo. Está claro que la política y el Estado nacional ampliaron su autonomía. 

Por otra parte, los proyectos de leyes más cercanos al sentido común no requieren hoy "algo más" para ser aprobados. No faltan los tironeos, el intercambio político y las presiones de los lobbys empresarios, pero las fuerzas políticas tienen más margen de maniobra que el existente bajo la asfixia de las recetas del Consenso de Washington. 

En suma, el revival de la ley Banelco a través del juicio oral puede resultar una buena lección para que la sociedad identifique a la corrupción no sólo como el hecho de que un funcionario o legislador se meta en el bolsillo dinero que es de todos los argentinos, sino que tanto o más corrupto es que desde las instituciones del Estado se adopten medidas que favorecen a los poderosos en desmedro de los más desprotegidos. Que se corte una enorme porción de la torta para unos pocos y se deje una miseria para muchos.

Las fotos del juicio también pueden retratar a aquella Argentina arrodillada ante el Fondo, en la que un presidente de la Nación puede haber llegado a disponer una coima para satisfacer a un organismo internacional y aliviar las presiones que pesaban sobre sus espaldas. Los efectos de la deuda externa aún pesan sobre la vida cotidiana de los argentinos. Pero aquel era un país muy distinto al que comenzó a emerger después de haberse sacado de encima la pesada mochila del Fondo.

Vía infonews