Muchas
ramificaciones tiene el conflicto entre el Gobierno y el secretario general de la CGT , Hugo Moyano, contexto
general en el que opera Pablo, titular de Camioneros e hijo del líder
cegetista. El uso abusivo de la acción directa es un tópico central en esta
etapa, incluso (especialmente) su ejercicio por quienes disponen de
herramientas legales e institucionales para bregar por sus derechos.
Muchos
de esos aspectos se mentarán en esta nota. Para ordenarla vale poner lo
principal adelante.
La
paritaria es una parte: la querella viene de lejos, acaso desde la llegada
de aquel exhorto de la
Justicia suiza que sacó de sus casillas al Negro Moyano. Se
radicalizó con la confección de las listas para las elecciones nacionales, con
la interna de la CGT...
y siguen las firmas. Pablo Moyano finca todo su discurso en reclamos gremiales
(algunos atinentes a todo el movimiento obrero y por ende exorbitantes a su
competencia), pero todas las jugadas contemplan ese contorno. Hay otros, que se
deslizan en comentarios reservados. Por ejemplo, cuestiones de fondo, en las
que (acusan los camioneros) el Gobierno discrimina a los trabajadores y
contempla a los empresarios. Así sucede, alegan, con una plata adeudada por
cursos de capacitación: se saldó la deuda con los patrones y se soslayó a los
sindicatos.
En
la convención colectiva, en tanto, sigue el regateo de rigor. Disconforme con
una contraoferta patronal, Pablo Moyano anunció una escalada de “paros
sorpresivos”. Trabajo ordenó la conciliación obligatoria por quince días. En
este punto, las versiones se bifurcan. Según el Gobierno, la representación
gremial jamás la acató. Del otro lado hay contrargumentos múltiples, no todos
compatibles. Explican que hubo fallas en la notificación (en Trabajo se comenta
que se hizo en tres ocasiones para precaver críticas formales). Hay también
quien cuenta que había intención de someterse a la tregua institucional, pero
que el vicepresidente Amado Boudou “pateó el tablero” y “provocó” cuando habló
de aplicar eventualmente la Ley
de Abastecimiento. He ahí, opina el cronista, un argumento atendible de los
sindicalistas que, sin embargo, es desmerecido por la magnitud de la
retaliación. Esa norma es odiosa y de discutible vigencia y legalidad. Pero
pasar de la confrontación verbal (arte en que los Moyano no son desvalidos) a
un bloqueo de un insumo fundamental es una demasía. Las razones pesan lo suyo
mas no legitiman un método tan desmedido.
Más
allá de la estricta letra de la ley, es irresponsable poner en jaque un
servicio básico (como son los combustibles), por demandas salariales o de
condiciones de trabajo. Máxime para quien, como Hugo Moyano, tiene anhelo de
avanzar en la representación política.
La
soledad de los camioneros durante la brega seguramente no descalifica las
demandas, pero marca diferencias, dentro de su redil, con los métodos. Un fiel
integrante del sector moyanista en la interna de la CGT se lo comentó ayer por
teléfono a su encolerizado jefe: “No estamos peleando con una dictadura sino
con un gobierno democrático que, hasta ahora, no nos sacó nada”. El
interlocutor de este diario subraya el “hasta ahora”. Y adereza el relato con
la queja por la falta de voluntad de diálogo del Gobierno, que (a su sensato
ver) ha cerrado todas las vías de interlocución, salvo la negociación colectiva.
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Razones
y excesos: los Moyano se salen de rosca cuando exigen la derogación del
Impuesto a las Ganancias o su supresión llana para todos los trabajadores,
cualesquiera fueran sus ingresos. Pero es atendible su reclamo de aumento del
mínimo no imponible, que está muy desfasado. La extensión de las asignaciones
familiares a todos los laburantes es un pedido lógico, cuanto menos una
reivindicación propia del movimiento obrero.
El
Gobierno, estima este escriba, cometió un error y hasta una injusticia al encuadrar
esas reformas como “pedidos de Moyano”. Así las cosas, admitirlos se traduciría
como debilidad en la pulseada. La consecuencia es que la mejora del ingreso de
bolsillo se posterga hasta que se salde la interna de la CGT. Hay funcionarios
que minimizan el costo social, ya que la quita es retroactiva. Subestiman el
efecto multiplicador del mercado interno que tendría la reforma. Y la
perspectiva de que los trabajadores cobren el aguinaldo y dispongan de la
diferencia antes de las vacaciones de invierno.
Lo
que, se reitera, es exótico es que Camioneros, en sus tratativas propias, se
arrogue la representación de todos los trabajadores formales. Los propios
aliados de Moyano callan y se mantienen distantes: “esa plata no es la nuestra”
dice un histórico del MTA. Amores son amores y garbanzos son garbanzos.
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Una
tratativa entre tantas: la paritaria de Camioneros perdió la centralidad
que le cupo en la era kirchnerista. No es el caso testigo, el que (sin fijar
pautas universales) demarca y encauza. Quedó, en buena medida, para el final.
Muchas importantes ramas de la actividad han cerrado sus convenios: entre ellos
los estatales, la UOM ,
Comercio, la Uocra en
estos días. Alimentación y Sanidad (que tiene cierre más tarde) todavía esperan
su turno. Pero la base está.
Pablo
Moyano quiere apurar el paso y se queja ante cámara y micrófonos complacientes
del multimedios: “¿Qué quieren, que espere hasta fin de año?”. En Trabajo le
retrucan que el convenio vigente vale hasta julio de 2012 y que si hubiera
voluntad restarían chances para acordar.
Que
otros gremios ya hayan cerrado, paradójicamente, deja más margen a los
camioneros para quedar por encima de la media: no hay riesgo de “efecto
contagio”.
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Futsal
y basura: “¿Quién es ese Mariotto?” deslegitimó Pablo Moyano varias veces.
Y lo excluyó del movimiento nacional, peronómetro en ristre. Cada cual tiene su
instrumento de medición en el justicialismo... legalmente Mariotto es el
vicegobernador electo de la provincia, en ejercicio interino de la gobernación.
Mientras Scioli no se dejaba ver ni oír, su segundo-adversario mostraba
hiperquinesis y daba visibilidad a la ausencia. “Ni Gabriel llamó a Scioli ni
Scioli lo llamó a Gabriel. Se borró”, dictaminan, cerquita de “Gabriel”.
La
imagen del partido de futsal entre el equipo de Scioli y los camioneros
enardeció al kirchnerismo y también puso en guardia a los intendentes
bonaerenses. Muchas cuitas acumulan con los camioneros, que les sacan canas
verdes.
Los
gremios que encabeza Moyano abarcan muchas actividades, con expansión creciente
en servicios ligados a lo público: recolección de basura, transporte de
combustible o de caudales, Correos. Esa potencia estratégica es parte de su
poder, pero también de su responsabilidad. “El transporte no es servicio esencial”
explican avezados asesores de “Hugo”. Y es verdad, pero el apego a la ley no se
configura sólo con no hacer lo prohibido. Máxime cuando hay ámbitos
institucionales establecidos, en pleno funcionamiento.
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Gobernabilidad: la Casa Rosada tomó
el timón, en su clásico anhelo de demostrar que nadie se la lleva por delante y
que se garantiza la gobernabilidad. En esta situación, se jugó para evitar el
cierre total del abastecimiento.
Hubo
escenas que infundieron temor a cualquier argentino con memoria: manifestantes
convencidos y duros versus fuerzas de seguridad que no suelen manejar bien el
monopolio del uso de la fuerza. Por suerte, primó la templanza compartida y no se conocieron desbordes lamentables
o irreparables.
El
resto de la historia, abarcando un paro nacional de camioneros (hasta acá sin
adhesiones de otros gremios), continuará.
Fragmento de un artículo de opinión Por Mario Wainfeld para pagina12.com.ar
Artículo completo: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-196903-2012-06-21.html
