Por Ruben Hallu, Rector de la Universidad de Buenos Aires.
Al haber recuperado la política como herramienta vital de la sociedad argentina para transformar, desarrollar y acrecentar la democracia, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner generaron un nuevo consenso popular. Se trata de un consenso que nos interpela como pueblo no sólo para resolver, en el contexto de tensiones y armonías lógicas, las necesidades de las mayorías, sino también las de las minorías.
Sobre la mesa se encuentran el fortalecimiento del Estado; la recuperación de la soberanía (YPF, Aerolíneas Argentinas, jubilaciones, empresas públicas); la ampliación de derechos –AUH, Conectar Igualdad, matrimonio igualitario, identidad de género y muerte digna, entre otros–; la pluralidad de voces que garantiza la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; las políticas de memoria, verdad y justicia; y las políticas sociales que caminan hacia el futuro porque apuestan al trabajo, la producción, la redistribución de la riqueza, la vivienda, la educación, la salud, la ciencia y las nuevas tecnologías.
La crisis de 2001 y 2002 que vivió nuestro país significó el final de décadas de cultura individualista: ese “sálvese quien pueda” que degeneró en la “no política” y en el desinterés por la mejora de la calidad de vida del conjunto. Fue el ocaso de un modelo instaurado por las corporaciones para beneficio de unos pocos que debilitó democracias, cercenó la participación ciudadana y castigó a la mayoría de personas al desempleo, la exclusión y la marginalidad.
El proyecto nacional y popular surgido en 2003 entendió como nadie que el “que se vayan todos” implicaba un redimensionamiento del concepto de esfera pública y construir así escenarios de mayor participación ciudadana. En ese sentido, el rol del Estado se erige fundamental. Agente regenerador del tejido social, desde hace casi nueve años, tiene como objetivo promover, proteger y garantizar los derechos, garantías y la igualdad de oportunidades de los 40 millones de compatriotas en pos de la construcción colectiva de una Argentina más inclusiva y equitativa.
Con valentía y decisión, el gobierno de Cristina Kirchner se enfrenta a los embates del poder económico concentrado, históricamente reacio a ampliar las prácticas democráticas entre los sectores más postergados de la población. Las corporaciones no conocen del compromiso solidario y la militancia política de los trabajadores, las organizaciones sociales y las agrupaciones juveniles; no imaginan la articulación entre Estado y sociedad civil para combatir las desigualdades. Pero se alarman con la promulgación en el Parlamento de leyes que respetan la voluntad general. Entonces temen ese consenso popular que nace en las calles y los barrios, en las plazas y los centros comunitarios, en las fábricas y las universidades. Temen porque saben que a la fuerza del consenso popular nada ni nadie lo detienen.
Vía Página 12.
