La pobreza disminuyó fuerte desde 2003, pero en los últimos años lo ha hecho a un modo más pausado y todavía queda cerca de un 20 por ciento de la población en esa situación. Qué medidas debería tomar el Gobierno para que siga bajando.
Proteger el empleo
Por Mariana L. González *
Asistimos en estos momentos a un nuevo proceso de recrudecimiento de la crisis económica internacional, esta vez con epicentro en las economías europeas. Esta crisis tendrá seguramente repercusiones en la economía argentina, principalmente por la menor demanda de nuestros productos de exportación, así como por el comportamiento de las empresas transnacionales instaladas en nuestro país que, en un contexto como el actual, buscan rápidamente reducir costos y remitir la mayor cantidad posible de fondos a sus casas matrices. De hecho, existen desde hace algunos meses indicios ciertos que muestran que se está verificando un proceso de paulatina disminución del crecimiento en la economía argentina. Además de la menor tasa de crecimiento del PIB y la caída de las exportaciones, es importante considerar la retracción de la inversión en los últimos trimestres del año pasado.
Sin embargo, esta reciente desaceleración del crecimiento prácticamente no tuvo, de acuerdo con los últimos datos disponibles, repercusiones negativas en el mercado laboral. En el último año se crearon alrededor de 400 mil puestos de trabajo en términos netos, que son puestos registrados en su gran mayoría. Además, el salario real promedio tuvo un incremento cercano al 5 por ciento, tanto para los asalariados registrados como para los que no son registrados.
Este aumento del empleo y la mejora en el poder adquisitivo de los salarios tuvo sin dudas influencia en las condiciones de vida de los hogares de la Argentina. De acuerdo con estimaciones propias, la incidencia de la pobreza también se redujo, de modo que el porcentaje de personas viviendo en hogares con ingresos bajo la línea de pobreza pasó de un promedio anual de 22,5 por ciento en 2010 a 20,1 por ciento el año pasado.
Esta reducción en la pobreza implica una continuidad en la tendencia que se sostuvo desde 2003 en adelante. Vale recordar que a inicios de ese año más de la mitad de la población de nuestro país vivía en condiciones de pobreza. Esta proporción se redujo con rapidez, en un marco de una economía en crecimiento con fuerte generación de empleo, incremento de los ingresos de los ocupados –con mayor intensidad en los salarios de niveles más bajos– y mejoras en los haberes jubilatorios. En el último trimestre de 2006, la incidencia de la pobreza se había reducido ya al 25,2 por ciento. Desde entonces, la tasa de pobreza continuó disminuyendo (con la excepción del año 2007), aunque con un ritmo más pausado.
Hay que considerar, de todos modos, que los datos de 2011 muestran una situación que no es posible soslayar. El porcentaje mencionado representa a aproximadamente 1,7 millón de familias formadas por más de 8 millones de personas. Además, el valor de la línea de pobreza (es decir, el nivel de ingresos que debe alcanzar un hogar para no ser considerado pobre según esta metodología) es relativamente bajo. Para una familia tipo, compuesta por un varón y una mujer de edad adulta, un adolescente y una niña, se considera que el hogar es pobre si los ingresos totales no superan los 2800 pesos por mes.
Por todo lo anterior, es preciso insistir en la necesidad de implementar políticas específicas que apunten a reducir la pobreza. Si bien la creación de la Asignación Universal por Hijo –además de ser un paso fundamental en la universalización de los derechos de los niños y adolescentes– se ha constituido en una medida trascendente para la lucha contra la indigencia y la contención de la pobreza, la persistencia de un nivel elevado de pobreza pone de manifiesto la importancia de realizar políticas adicionales.
En un contexto de desaceleración de la economía, y ante la posibilidad de un mayor impacto de la crisis internacional en nuestro país, tales medidas son aún más necesarias, previendo los efectos que el menor crecimiento pueda tener sobre el mercado de trabajo y, por esta vía, en las condiciones de vida de los hogares. En este sentido, las políticas que apunten a proteger el empleo, así como las políticas de ingreso, en especial aquellas dirigidas a los sectores de menor nivel socioeconómico, pueden conllevar una mayor reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del mercado interno y al sostenimiento del nivel de actividad.
* Cifra-CTA.
Remover los obstáculos
Por Fernando Groisman *
El acrecentamiento de sectores medios en un conjunto amplio de países asiáticos y latinoamericanos ha cambiado la fisonomía social a nivel mundial. En la base de tales transformaciones se hallan diversos factores entre los que cabe destacar, aunque no exclusivamente, la progresiva incorporación al mercado mundial de las superpobladas naciones de China e India con el consiguiente incremento en la demanda global de productos primarios que ha venido beneficiando a las economías productoras de América latina. La mejora del ingreso per cápita ha beneficiado a sectores sociales ubicados históricamente en los estratos de menores recursos y ha provocado el ensanchamiento de las franjas medias de ambas regiones.
Por otra parte, en los países más desarrollados, es posible rastrear un comportamiento que va en la dirección opuesta al menos si se atiende al derrotero distributivo de las últimas tres décadas. En efecto, el aumento de la desigualdad –especialmente en los países anglosajones– abrió nuevos interrogantes acerca de la supervivencia o desaparición de la clase media. Además, la crisis internacional iniciada en 2007 y sus efectos sobre el empleo y los ingresos han reactivado la preocupación por el aumento de la inequidad y sus consecuencias sociales.
En este contexto, cabe detenerse en lo acontecido con la estructura social argentina. Durante gran parte del siglo pasado coexistieron en nuestro país una vital clase media, un elevado grado de movilidad social ascendente y reducidos niveles de inequidad que habían desembocado tempranamente –respecto de la situación dominante en la región latinoamericana– hacia elevados niveles de integración social. Tal escenario cambió a partir de mediados del decenio de los ’70, cuando dio inicio una etapa signada por una tenaz mengua en las condiciones de vida de los sectores medios y bajos –con la excepción de algunos cortos subperíodos–, cuyo punto cúlmine fue hacia el fin de 2001, cuando el desempleo trepó al 25 por ciento y más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. A partir de entonces se produjo un cambio de tendencia en numerosos indicadores macroeconómicos y sociales que habría conducido a cierto reordenamiento en la estructura social.
Puede estimarse que, así como entre 1974 y 2001 se verificó un fuerte estrechamiento de los sectores medios y un también ostensible incremento de la clase baja, desde la salida de la crisis de comienzos de siglo se constató una enérgica reversión de estas tendencias. Ello se plasmó en la recomposición de ingresos tanto para la clase media como para el estrato de más bajos recursos. El proceso de engrosamiento de la clase media fue de tal magnitud que implicó una incorporación a sus filas de prácticamente el 8 por ciento de la población. Estas modificaciones ocurrieron en línea con el mejoramiento global de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, junto a la fuerte reducción del desempleo se verificó un notable aumento en la calidad de los empleos. Los progresos en la estabilidad de las ocupaciones conllevan, además de salarios más elevados para los trabajadores, mayor certidumbre sobre su futuro.
Tal escenario pone de relieve el insoslayable rol que tuvo el funcionamiento del mercado de trabajo en las transformaciones de la estructura social argentina. La evolución de la desocupación y la informalidad, especialmente del componente de empleo asalariado no registrado, sobresalen como los principales factores que acompañaron el sinuoso devenir de las clases sociales. Así, el estrechamiento de la clase media en el último cuarto del siglo XX –y el consiguiente aumento de los extremos de la estratificación social– como la retracción de parte importante de este proceso en los últimos años no pueden ser comprendidos sin recurrir a esta dimensión de análisis.
El conjunto de esta evidencia ratifica la pertinencia de perseverar en la reducción de los índices de empleo no declarado en la economía argentina. Parece difícil que mayores niveles de integración social puedan ser alcanzados si los obstáculos al acceso a un puesto de trabajo registrado no son removidos. Ello debería encauzarse, al menos, en ciertos sectores de actividad donde el grado de no registración es muy elevado (i.e. comercio minorista, construcción, industria textil y de confecciones, servicio doméstico, entre las principales). Entretanto, resulta sensato profundizar y extender la instrumentación de diversas medidas de protección social dirigidas a reducir la brecha de ingresos entre quienes acceden a una ocupación formal y quienes permanecen en la informalidad.
* Investigador del Conicet-UBA. Presidente de LASA.
