martes, 5 de junio de 2012

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE ONCE DESTACAN "LA LABOR DE LA JUSTICIA"


“Escuché que el pedido de detención fue por obstaculizar el proceso. No me sorprende de esta gente, que desde un principio trató de eludir responsabilidades. De esta gente no espero nada, lo espero de la justicia y esta medida me da la tranquilidad de que hacemos bien en confiar en la justicia”, dijo María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, en diálogo con Tiempo Argentino.
Lucas fue la última de las 51 víctimas fatales halladas en el accidente de una formación del Ferrocarril Sarmiento en febrero pasado. El joven de 20 años fue encontrado sin vida dos días después del hecho entre el tercer y cuarto vagón de la formación.
Con respecto a la detención de Claudio Cirigliano y otros directivos de TBA, la empresa que administraba el Sarmiento, la mujer aseguró: “Siento confianza en que la Justicia en nuestro país funciona, que trabaja en encontrar a los responsables de la tragedia. Que a pesar de que otros intereses trataron de cargar toda la responsabilidad sobre (el maquinista, Marcos) Córdoba, la causa está planteando otras líneas. Vemos que en esta causa el hilo no se va cortar por lo más delgado”.
Vanesa Toledo, familiar de otra de las víctimas de la tragedia, se expresó en el mismo sentido: “Estoy muy conforme. La detención de Cirigliano no pensé que iba a ser tan rápido. Con esta causa la justicia va a poder cambiar la percepción que se tiene. Desde el primer momento confiamos en la justicia”.
La Justicia y la orden de detención para de varios directivos de TBA.


La medida alcanza a Claudio Cirigliano -ya detenido-, a Carlo Ferrari, al gerente operativo de la compañía, Darío Tempone, y a Daniel Rubio, director administrativo de Trenes de Buenos Aires. El juez federal Claudio Bonadío habría tomado la decisión por la "falta de colaboración" de los directivos en la investigación de la tragedia de Once.


La imputación original que formuló el juez Bonadío a los directivos de TBA es por “impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado nacional puso a su disposición para que ofrezca un servicio eficiente y seguro cuya calidad y frecuencia sea superior al actual”. Pero recién después de escuchar a todos los acusados y recibir los resultados de las medidas de prueba pendientes podrá evaluar qué responsabilidad la cabe a cada uno en las 51 muertes y los más de 700 heridos.
Bonadío aún espera los resultados finales de un análisis contable que encomendó a peritos de la Corte Suprema, acerca del uso que se les dio a los subsidios estatales para los trenes. Hasta ahora recibió dos informes a modo de adelanto: uno sobre la composición de las sociedades a cargo de la concesión y otro sobre sus ingresos. Todavía falta la última parte, que es la que señalará en qué se gastaron los fondos recibidos. Según un informe de la AGN incorporado a la causa (que tomaba también datos relevados por la CNRT), los subsidios recibidos por TBA entre 2006 y 2010 aumentaron en un 146 por ciento. Sin embargo, se registró una falta de mantenimiento “metódica y sistemática”, que describía enumerando desde problemas con los frenos hasta el deterioro de las vías que ocasiona descarrilamientos constantes. El organismo de control externo del Estado había recomendado rescindir la concesión a la empresa. Estos informes fueron especialmente señalados por el fiscal Delgado a la hora de exponer su hipótesis de que no se puede desligar el accidente de Once de las “condiciones” del servicio que lo antecedieron.
En paralelo al expediente sobre el accidente continúa la investigación sobre el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey, donde comenzaron a declarar como imputados bomberos y policías acusados de incumplir sus deberes. En el plano de los reclamos civiles de las víctimas de la tragedia, 400 personas están en etapa de mediación con TBA.