lunes, 15 de octubre de 2012

El día de la sentencia

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dará a conocer su veredicto en el juicio a cinco represores por el fusilamiento de 19 presos políticos en 1972, en la base Almirante Zar de Trelew. La Fiscalía y las querellas coincidieron en solicitar prisión perpetua para Rubén Paccagnini, Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como autores de 16 fusilamientos y el intento de asesinato de otros tres, y dos años de cárcel efectiva para Jorge Bautista, acusado de encubrir esos crímenes de lesa humanidad.
Familiares y amigos, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables de la masacre.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la querella de los familiares de las víctimas pidió prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante pidió el cumplimiento efectivo de la condena.
En sus alegatos finales en septiembre último solicitaron, además, que se abra una investigación por complicidad contra el médico Lisandro Iván Lois y se pidió a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición fue negada, a pesar de que "mintió en su ingreso, cuando negó tener investigaciones sobre su persona".
En 1972, los represores dispararon contra Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.

viernes, 12 de octubre de 2012

“Ni un muerto más por el agronegocio”



Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
Informe: Sabrina Améndola.

San Juan habilitó el voto optativo a partir de los 16


La provincia se convirtió en el primer distrito en ampliar el derecho al sufragio para los jóvenes. La iniciativa fue impulsada por el Frente para la Victoria. El PRO la rechazó.



San Juan se convirtió ayer en el primer distrito en permitir el voto optativo de los jóvenes a partir de los 16 años. La nueva normativa tendrá su estreno en las próximas elecciones provinciales, cuando los menores de entre 16 y 18 años puedan sufragar voluntariamente, según lo establece la Ley de Profundización de la Democracia sancionada por la Cámara de Diputados. El Senado nacional tratará el 17 de octubre próximo una iniciativa similar.

Con el voto mayoritario de la bancada del Frente para la Victoria y únicamente la oposición de tres diputados de los partidos Bloquista, ACTUAR y el PRO, la Legislatura local convirtió a San Juan en la primera provincia en reconocer los derechos políticos de los menores de edad que  podrán elegir, pero no ser elegidos, hasta que no superen los 18 años. 
Fue el diputado kirchnerista Eduardo Bustello quien redactó el proyecto, elogiado por el gobernador José Luis Gioja. "Como lo fue con el voto femenino, San Juan vuelve a ser pionera en otorgar derechos políticos a los jóvenes", subrayó el mandatario cuyano.
En el debate previo a la aprobación del proyecto, los legisladores destacaron que dentro de tres años el padrón de la provincia alcanzará las 200 mil personas y 25.237 de esos votantes tendrán entre 16 y 17 años. "Se trata de un porcentaje muy pequeño de votantes con relación a los más de 200 mil sanjuaninos que están habilitados para emitir el sufragio", dijeron.
"Nadie puede decir que haya una especulación política en todo esto, sino que lo que hay, es un reconocimiento de derechos en línea con un gobierno democrático y progresista de profunda raigambre justicialista", expresó el titular de la bancada kirch nerista Pablo García Nieto.
La norma quedó aprobada a escasos días de que comience en San Juan el Congreso Mundial de la Niñez y la adolescencia", que tiene previsto en uno de sus foros, tratar el proyecto nacional de voto a los 16 años. Allí, San Juan podrá exhibir su condición de pionera con la determinación tomada hoy por la Legislatura provincial. 
La ley tiene su correlato a nivel nacional, ya que el proyecto de los senadores del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández y Elena Corregido, obtuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y será tratado en el recinto próximo 17 de octubre. 
El oficialismo de la Cámara Alta obtuvo el aval a la iniciativa luego de formular algunas modificaciones de forma sugeridas por legisladores de la oposición. 
El jefe del bloque de senadores del radicalismo, Luis Naidenoff, anticipó que presentará un dictamen en minoría, mientras que el peronismo disidente firmará el proyecto al igual que el senador Samuel Cabanchik de la Coalición Cívica. 
La propuesta incorpora a los jóvenes de entre 16 y 18 años al padrón electoral aunque no los obliga a sufragar. También quedarán habilitados para afiliarse a los partidos políticos y para la elección de sus autoridades, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos 23.298. «


jueves, 11 de octubre de 2012

La sentencia, 40 años después




Luego de las últimas palabras de dos acusados, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia confirmó que el lunes 15 dará a conocer su veredicto en el proceso a cinco represores por el fusilamiento de 19 presos políticos en 1972.

 Por Ailín Bullentini
No más de diez minutos duró la audiencia de clausura del juicio por la Masacre de Trelew que se desarrolló ayer a la mañana en la ciudad de Rawson, en Chubut. Ese tiempo bastó para que algunos de los acusados clamaran escuetamente su inocencia y el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia fijara oficialmente el lunes próximo, a las 13, como el momento en que dará a conocer su veredicto sobre el fusilamiento de 19 jóvenes presos políticos en la Base Almirante Zar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
La sala del cine teatro José Hernández de Rawson, donde se llevó a cabo el juicio histórico desde su comienzo en mayo, volvió a recibir ayer a parte del público que la abarrotó durante las primeras audiencias del proceso. Las expectativas puestas en el futuro que la Justicia deparará a los acusados, los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, y el ex policía Carlos Marandino, atrajeron a familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos hacia el mismo reclamo que sostuvieron durante 40 años: justicia por los fusilados de Trelew.
Allí, por ejemplo, Hilda Bonardi de Toschi y Alicia de Bonet, compañeras de los militantes políticos fusilados en la masacre Humberto Toschi y Rubén Bonet, escucharon en silencio obligado las últimas palabras de Marandino y Bautista, los únicos acusados que hicieron uso de ese derecho. Más tarde, las dos mujeres participarían de una charla en la universidad.
Nervioso, casi entre susurros, Marandino se declaró inocente: “Yo soy inocente, Dios los bendiga, yo soy inocente”, expresó en menos de medio minuto. Bautista fue bastante más prolijo y poco más extenso. Pidió la palabra y de una hoja leyó que de acuerdo con lo que había desarrollado su abogado, su inocencia “había quedado clara respecto del caso”. “Pido que se me declare inocente”, concluyó. “Esperábamos exposiciones algo más interesantes, que no se quedaran en la cuestión de la piedad o la misericordia, sino que desafíen al juicio como lo vinieron haciendo desde su comienzo: diciendo que se trata de una jugada política. Pero no, no hubo nada de eso”, analizó el abogado Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.
“Es un momento de grandes expectativas. Todos lo sentimos igual. Estamos contentos por tener a los acusados sentados en el banquillo, y si bien aún falta la palabra final, no tenemos dudas de que son responsables de delitos de lesa humanidad”, consideró Toschi. El lunes de la sentencia, de madrugada, llegarán a Chubut más hijos, hermanos, compañeros o compañeras y nietos de las víctimas, para sumarse al grupo de familiares presente ayer y escuchar juntos la clausura de la Justicia a cuarenta años de espera.
En sus alegatos, que concluyeron en la última semana de septiembre, la Fiscalía, compuesta por los fiscales Fernando Gelvez, Horacio Arranz y Dante Vega, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de los familiares –representada por los abogados Eduardo Hualpa y las letradas del CELS Carolina Varsky y Daiana Fusca– coincidieron en solicitar prisión perpetua para Paccagnini, Del Real, Sosa y Marandino y dos años de cárcel efectiva para Bautista. Además, los tres solicitaron al tribunal que disponga la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y cuya extradición la Justicia de ese país denegó en 2008.
Bravo y los represores que enfrentarán la sentencia el próximo lunes son sospechados de fusilar en la madrugada del 22 de agosto de 1972 a Carlos Astudillo, Alfredo Kohon y María Angélica Sabelli, militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto del Rey, Clarisa Lea Place, José Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Ulla, del ERP, y Mariano Pujadas y Susana Lesgart, de Montoneros. Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron para contar la masacre, pero luego fueron víctimas de la última dictadura. Hoy Camps está muerto y sus compañeros, desaparecidos.

"Hay un cepo democrático para el cumplimiento de la Ley de Medios"


Al cumplirse tres años de la sanción de la normativa que regula los servicios de comunicación audiovisual, la presidenta aludió a la situación del Grupo Clarín, al que acusó de negarse a aceptar la vigencia de las instituciones.

Lo que comenzó siendo un desafío, si la sociedad argentina podía darse una nueva Ley de Medios, se ha transformado, o lo han transformado precisamente los que se niegan a aceptar la vigencia de las instituciones, ya no en un desafío a ver si podemos ser más plurales y más diversos, sino en un desafío a la democracia misma: si realmente puede haber algún sector o grupo económico que esté por encima de los tres poderes del Estado." La presidenta pronunció la frase y la multitud comprendió –otra vez– lo que estaba en juego. La advertencia buscaba subrayar la importancia de lo que debe definirse con el inminente final del plazo para la tramitación de las medidas cautelares que suspendieron la adecuación a las normas de la Ley 26.522. La mandataria se refería al 7 de diciembre, "el 7D", como lo mencionó desde el micrófono, fecha del vencimiento impuesto por la Corte para los recursos interpuestos ante la justicia que traban la aplicación de la ley. Entonces explicó que el primer día hábil después de esa fecha será el lunes 10 de diciembre. "Por esas raras casualidades y esos destinos, es el día de los Derechos Humanos universales", recordó Cristina, no sin antes dirigir una reflexión sobre el bloqueo a la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura (ver pág. 4). 
El acto había sido convocado por el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Museo del Bicentenario, en el subsuelo de la Casa Rosada, estaba tan lleno como en las jornadas más resonantes del segundo mandato kirchnerista. Con la presencia de la mayoría de los gobernadores del oficialismo, intendentes, más el Gabinete en pleno, junto a cientos de invitados en las primeras filas, donde se codeaban actores, músicos, escritores y empresarios de medios, la presidenta aprovechó los tres años de la promulgación de la ley para hacer un balance de los logros obtenidos. Y también, por supuesto, para hacer un resumen de todo aquello que falta.
También se refirió a algunos temas de coyuntura: volvió a rechazar el uso de la expresión "cepo al dólar", pero utilizó la figura para insistir en el reclamo de adecuación a la ley: "Lo que hay es un cepo democrático para el cumplimiento de la ley. La ley tiene que ser igual para todos", dijo.
El flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, fue el coprotagonista de la jornada. En el primer discurso del acto, el diputado de licencia hizo un repaso de lo realizado y trazó los desafíos hacia el futuro inmediato, con la fecha del 7 de diciembre como momento crucial. Al analizar el mapa de todas las licencias de radio y TV del país (incluyendo a la TV por cable o suscripción), Sabbatella recordó que son alrededor de 5000, y agregó que 4500 de ese total están en manos de titulares (personas físicas o jurídicas) que no superan el tope establecido por la Ley de Medios: el máximo previsto en la legislación es de diez licencias de emisión por aire (sean radio AM, FM o TV abierta), 24 licencias de emisión a través de cable (cada licencia equivale a una operadora de cable local) y el 35% de cobertura del mercado (lo que significa que no se puede superar el 35% de la población nacional, en el caso de las transmisiones por aire, o el 35% de los abonados del país para la TV paga) (ver aparte). Tanto Sabbatella como la jefa de Estado destacaron que las otras 500 licencias están en manos de titulares que deben desprenderse de algunas, porque superan el tope. Para eso deben presentar en la AFSCA un "plan de adecuación" e irse desprendiendo de señales. Sabbatella informó que la mitad de esas 500 licencias están en manos de 25 grupos comunicacionales que, aseguró, ya empezaron las negociaciones para adaptarse a la nueva normativa. El problema está en la otra mitad, 250 licencias, que son explotadas por el Grupo Clarín. "Los otros 25 grupos han reconocido la autoridad del AFSCA, la autoridad del Poder Legislativo y, en definitiva, la autoridad del Poder Judicial de la Nación. Que son los tres poderes básicos para vivir en una sociedad democrática", destacó Cristina. Algunos de esos empresarios en proceso de "desinversión", como Raúl Moneta y José Luis Manzano, estaban en el subsuelo de la Casa Rosada. 
El Grupo Clarín, en cambio, optó por difundir un comunicado en el que acusó a la presidenta de "interferir en un poder del Estado que tiene aún definiciones sobre esta cuestión (la Ley de Medios)", y señaló que no sólo respeta la ley y la justicia, "sino que es uno de los pocos grupos mediáticos en la Argentina que lo ha hecho a lo largo de su historia".
 La presidenta nombró varias veces al ex candidato presidencial de la izquierda francesa,  Jean-Luc Mélenchon, quien estaba sentado en una de las primeras filas. Cristina aprovechó su presencia para explicarle las particularidades del proceso de democratización de medios argentino. "No se puede entender que una ley sancionada por el Parlamento argentino, por amplia mayoría, pasen tres años y todavía no se pueda cumplir. Pero estas cosas pasan. La Corte Suprema, en un fallo, ha marcado el plazo para terminar con el proceso de adecuación que marca la ley. Tal vez usted no lo pueda entender", le dijo a Mélenchon, "pero le va a pasar lo mismo que a (Jacques) Chirac, que no entendía que (Alfredo) Astiz estaba en libertad".  «
 
 
Venezuela, militares y distorsión
La presidenta aprovechó las próximas elecciones en Estados Unidos para criticar la distorsión informativa de algunos medios. Para ello utilizó un editorial del New York Times, con el título "El mundo de las conspiraciones". "El artículo dice ‘vivir y darse manija en el mundo de las teorías conspirativas significa rechazar cualquier forma de realidad objetiva’. ¿Les suena? ‘Cuando los números de desempleo dan bien, están evidentemente dibujados. Cuando las encuestas ponen a Obama al frente, son sesgadas. Los certificados de nacimiento son falsificaciones, los programas de protección social son favores para partidarios. La reforma del sistema de salud es socialismo y la publicidad de las donaciones de campaña es anti empresarial’. ¿Se escucha lo que estoy leyendo, no?", comentó Cristina con una sonrisa.  Como ejemplo de esa "manipulación", la jefa de Estado mencionó también la cobertura que hicieron algunos medios argentinos sobre las elecciones en Venezuela. "Por las mentiras que habían montado, llegaron a decir que Chávez iba a perder las elecciones", se rió. Tras agradecer al mandatario reelecto por la mención a su esposo, comentó que la participación de soldados venezolanos en los festejos por el triunfo de Chávez le había producido cierta "envidia". "Me hizo acordar al peronismo de los primeros años, en el que pueblo y Fuerzas Armadas estaban consustanciados con un proyecto de país", deslizó. Fue su única alusión al conflicto con los gendarmes y prefectos. 

martes, 9 de octubre de 2012

Abuelas y la nieta 107

Abuelas de Plaza de Mayo convoca a una conferencia de prensa para hoy, martes 9 de octubre, a las 16 horas, en Virrey Cevallos 592, 1° piso "2", para brindar detalles sobre la restitución de una nueva nieta, la número 107.
Agradecemos la difusión y los esperamos para compartir esta noticia.
 
Para más información: http://www.abuelas.org.ar/